El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto del Real Decreto por el que se actualiza el Estatuto del Estudiantado Universitario, vigente desde 2010. La nueva regulación introduce novedades en ámbitos como la salud mental, la conciliación, la evaluación, el uso de la inteligencia artificial y el paro académico, entre otros. Esta medida viene acompañada del anuncio de financiación para crear nuevas plazas en residencias universitarias. A continuación, detallamos las principales claves de estas iniciativas y las situamos en el contexto actual, a partir de los datos y análisis de nuestras publicaciones.
Nuevo Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario
El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario se dirige a todo el alumnado universitario que cursa un grado, máster o doctorado en una universidad pública o privada, tanto de forma presencial como a distancia. Las novedades responden a la evolución del sistema universitario español, caracterizada por el crecimiento de la universidad privada y de la enseñanza a distancia. Según los datos recogidos en el propio proyecto de Real Decreto, las universidades concentran ya al 29% del alumnado, mientras que los estudiantes matriculados en estudios virtuales superan ya el 27% del total. La nueva norma también destaca en su preámbulo la creciente presencia de mujeres en la universidad (57%) y el incremento de estudiantes que compaginan sus estudios con el trabajo: el 30% en 2023, porcentaje que alcanza e l69% entre estudiantes de máster y el 89% entre los doctorandos.
Principales novedades
Igualdad y bienestar físico y mental
El estatuto promueve la igualdad de derechos y deberes y prohíbe cualquier discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica, apariencia física o sobrepeso. Entre sus novedades, reconoce el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental por personal experto en coordinación con los servicios públicos de salud, y requiere a las universidades disponer de protocolos específicos frente a conductas suicidas, situaciones de acoso y ciberacoso sexual o por razón de género, y acoso personal.
Según pone de manifiesto nuestra reciente publicación “La situación socioeconómica del estudiantado de educación superior en España: una comparación europea”, el 31,9% del alumnado español en educación superior afirma haber vivido situaciones de discriminación. Este análisis, realizado a partir de los resultados del informe europeo EUROSTUDENT 8 sobre las condiciones económicas y sociales de estudiantes de 25 países europeos durante el periodo 2021-2024, muestra además que el 31,4 % del alumnado español siente que no encaja en el ámbito de la educación superior.
La situación socioeconómica del estudiantado superiorConciliación y adaptación de la docencia a colectivos vulnerables
Según el Ranking CYD Universidades Sostenibles, el 1,5% de las personas que estudia en la universidad española tiene algún grado de discapacidad, un porcentaje que es superior en las universidades a distancia (2,3%.). El nuevo estatuto garantiza el derecho de los estudiantes con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo a recibir las adaptaciones curriculares, metodológicas y de evaluación que precise. Además, también contempla medidas adaptadas para las mujeres víctimas de violencia de género, violencia vicaria u otros acosos, víctimas del terrorismo y víctimas de catástrofes naturales.
En materia de conciliación, el estatuto reconoce el derecho de todo el estudiantado a compaginar los estudios con el trabajo, a cursar titulaciones oficiales a tiempo parcial y a interrumpir temporalmente sus estudios, en este último caso de acuerdo con las condiciones que establezca cada universidad.
Garantía de alojamiento asequible y nuevas ayudas
Las universidades tienen la obligación de promover y facilitar el alojamiento estudiantil en condiciones de dignidad y suficiencia. Para ello, pueden contar con colegios mayores, residencias u otras fórmulas de alojamiento, ya sean de fundación propia o mediante convenios con entidades públicas o privadas.
En este contexto, el gobierno, según informa en sus canales oficiales, ha aprobado una partida de 45 millones de euros para impulsar a corto plazo siete proyectos de residencias universitarias que crearán, en una primera fase, cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país. La publicación “La situación socioeconómica del estudiantado de educación superior en España: una comparación europea”, pone de manifiesto que España se sitúa entre los países europeos con una mayor proporción de estudiantes de educación superior que viven con sus padres (51,2%), sólo superada por Azerbaiyán, Georgia y Malta. Además, el uso de las residencias universitarias (4,1%) es el más bajo, junto a Malta, de todos los países participantes.
Evitar el uso inapropiado de la IA por parte del alumnado
El nuevo estatuto establece el compromiso con la integridad académica, y exige al estudiantado evitar un uso inapropiado de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la información en sus trabajos y documentos académicos: “Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad, en especial en un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial y de las tecnologías de la información y comunicación”.
El uso de la IA entre el alumnado es muy amplio y generalizado, tal y como expone la publicación Uso y percepción de la IA en el entorno universitario II: el 90% del estudiantado emplea la IA, principalmente para resolver dudas, recopilar información y preparar los contenidos docentes. Además, constata que para el 80% de los estudiantes, la IA ha cambiado la forma en la que afrontan las clases y un 27% reconoce que asiste menos desde que la usa.
El estatuto incluye el derecho a la desconexión digital en los términos que establezca la normativa de cada universidad y garantiza la seguridad en los medios digitales, la protección de los datos y el reconocimiento de la autoría de los trabajos.
Criterios de docencia y evaluación públicos
El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario establece que las universidades tendrán que publicar, antes del inicio del periodo de matriculación, unas guías docentes donde se especifique la lengua de impartición, así como las modalidades, contenidos y criterios de evaluación, que además no podrán modificarse una vez iniciadas las clases. La programación docente de cada curso será aprobada por los órganos competentes en cada caso, que contarán con la representación del estudiantado.
El sistema tiene como referente principal la evaluación continua y garantiza un mínimo de dos convocatorias por asignatura en cada curso (ordinaria y extraordinaria). Además, garantiza la reprogramación de pruebas por coincidencia de exámenes, representación estudiantil o causas médicas/familiares graves, así como el derecho a tutorías individuales.
Prácticas con cotización y apuesta por la Formación Dual universitaria
Las prácticas externas (curriculares y extracurriculares), cotizarán a la Seguridad Social en la forma establecida por la normativa vigente, y la Formación Dual será la única excepción a esta regla. En este sentido, el decreto indica que las universidades establecerán una normativa específica para regular la Formación Dual, que pueda velar por el equilibrio entre la formación recibida en las aulas y la formación y la realización de actividades en la empresa u organización.
En la publicación Radiografía de la educación superior. Formación, perfiles e inserción laboral, que analiza y compara diversos aspectos de la formación universitaria y los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), con un foco especial en su inserción laboral, expone que el 1,6% de las titulaciones universitarias incluye la formación dual frente al 100% de los CFGS. La matrícula en CFGS ha crecido a un ritmo muy superior al de los del grado universitario durante la última década, con una tasa de crecimiento anual acumulativo del (6,7%, frente al 0,7% respectivamente. El alumnado de CFGS representa ya el 25,7% del total de los matriculados en educación superior.
Participación estudiantil y derecho al paro académico
El nuevo estatuto reconoce expresamente el derecho al paro académico, que puede ser total o parcial en una universidad o en alguno de sus centros, garantizando en todo caso el respeto al derecho a la educación del conjunto del estudiantado.
Todo el alumnado tiene derecho a participar en los órganos de gobierno y representación, en los procesos de elección y en la elaboración de las normas. Se fomenta la equidad de género y la participación de personas con discapacidad o pertenecientes a colectivos vulnerables, y se promueve el papel del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) como interlocutor oficial.
Se requiere al estudiantado un compromiso de participación corresponsable en el estudio y en las actividades formativas y de respeto a toda la comunidad universitaria.
Becas, movilidad y reconocimiento académico
Se reconoce el derecho a la portabilidad nacional de las becas y al abono previo de las ayudas de movilidad antes de realizar el desplazamiento. Las universidades podrán reconocer hasta 6 créditos ECTS por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación, voluntariado, sostenibilidad o cooperación.
Las medidas que recoge el nuevo estatuto reflejan la necesidad de adaptar el sistema universitario español a las necesidades de los estudiantes, avanzando hacia una universidad más inclusiva, accesible y con capacidad de adaptación a los nuevos retos sociales.
