España se sitúa entre los países europeos con una mayor proporción de estudiantes de educación superior que vive con sus padres (51,2%) y es el país con menor uso de las residencias universitarias (4,1%). Así lo pone de manifiesto la reciente publicación de la Fundación CYD La situación socioeconómica del estudiantado de educación superior en España: una comparación europea, que refleja la alta dependencia familiar del alumnado español frente al promedio europeo.
En este artículo, Julián Garde López-Brea, presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Marta Gómez Martín, directora de Relaciones Institucionales de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y Marta Sánchez, presidenta de la Asociación de Residencias de Estudiantes (AREDE), analizan la situación actual de falta de vivienda y alojamiento residencial para el estudiantado universitario y proponen posibles soluciones para mitigar esta problemática.

El acceso a la vivienda condiciona el acceso y la permanencia en la universidad
Los tres portavoces coinciden en que es esencial fomentar el acceso a la vivienda para preservar la igualdad de oportunidades y la permanencia de los estudiantes en la universidad. Julián Garde López-Brea (CRUE) considera que la situación actual de escasez de alojamiento compromete la equidad del sistema universitario y afecta especialmente al alumnado con menos recursos:
«El problema del alojamiento en España es estructural, no coyuntural. Afecta a toda la población, pero especialmente a los jóvenes. Hoy, acceder a la universidad no depende solo del mérito académico, sino también de la capacidad de pagar un alojamiento digno, porque existe una creciente dificultad para encontrarlo a un precio asequible».
Desde la representación estudiantil, Marta Gómez Martín (CREUP) advierte de que los mayores costes que asume el alumnado (1.148 € anual respecto al promedio europeo de 1.112 €) y la menor cobertura de ayudas públicas respecto a Europa (29,1 % del alumnado español de educación superior recibe ayudas frente al 40% del promedio europeo) ponen en riesgo la función de la universidad como ascensor social:
«Sabemos que el estudiantado procedente de familias con situaciones socioeconómicas más vulnerables tiene muchas más dificultades para desplazarse a otra provincia o comunidad autónoma para cursar los estudios que desea. Esto provoca que las oportunidades académicas dependan cada vez más del código postal en el que hayas nacido y de la capacidad económica de tu familia. Ya no se trata únicamente de poder pagar la matrícula, sino de permitirse vivir en la ciudad donde se imparte la titulación que quieres estudiar».
Desde la Asociación de Residencias de Estudiantes, Marta Sánchez, considera que una parte importante de estudiantes en España no puede alojarse en una residencia universitaria por falta de plazas, lo que puede estar ligado al alto porcentaje de estudiantes españoles que siente que no encaja en el ámbito de la educación superior (31,4% frente al promedio europeo del 18,4%):
“No puede ser que alguien deje de estudiar la carrera que quiere, o en el sitio que quiere, porque no encuentra alojamiento. Y claramente las residencias universitarias son una de las mejores soluciones, porque integran al estudiante de una manera mucho más rápida que si se va a un piso o a otro sitio. Aquí, desde el primer día, sientes que formas parte de la universidad”.

Alquiler turístico, falta de plazas en residencias y falta de planificación; posibles causas de la situación actual
Entre las posibles causas de las dificultades para acceder a un alojamiento asequible se señalan factores como la presión del alquiler turístico, la escasez de residencias públicas y la necesidad de aumentar la oferta privada de residencias de estudiantes, entre otros.
Julián Garde López-Brea (CRUE) expone la situación que afrontan los estudiantes de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Palma o Málaga, donde el impacto del turismo reduce el alquiler de larga duración, incrementa precios y expulsa a los estudiantes hacia periferias, y subraya, asimismo, la importancia de conocer y homogeneizar los datos sobre la oferta y la demanda:
“Desde CRUE hemos planteado la necesidad de llevar a cabo un mapeo de las plazas disponibles y su ajuste/desajuste a las necesidades detectadas. Sin embargo, es muy complicado debido a la fragmentación de actores (públicos, privados, informales), a un mercado de habitaciones no regulado y a datos no homogéneos entre territorios”
Desde el ámbito de las residencias universitarias, Marta Sánchez (AREDE) destaca el esfuerzo inversor y de profesionalización realizado por su sector en los últimos años y aboga por una colaboración intersectorial para seguir atendiendo a la demanda:
«En España contamos con unas 125.000 camas en residencias universitarias y estimamos una necesidad entre tres y cuatro veces superior. Como sector, hemos invertido mucho y cada año lanzamos al mercado entre 7.000 y 10.000, mejorando los estándares de calidad y servicio. Pero solos no vamos a poder cerrar este gap, hay que aunar esfuerzos, porque la residencia universitaria es parte de la propuesta de valor de la universidad y tenemos que asegurarnos de que la gente que quiera estudiar en una residencia pueda hacerlo»
Ante la escasez de plazas en residencias, compartir piso se ha consolidado como la principal vía de emancipación en España (21,7 % respecto al promedio europeo del 13,2%). Marta Gómez Martín (CREUP) advierte de la mayor desprotección del alquiler y de la creciente necesidad del alumnado de compaginar empleo y formación:
«Las residencias y colegios mayores públicos siguen siguen contando con una oferta muy escasa, mientras que los alquileres por habitaciones, pese a ser una de las principales alternativas habitacionales, cuentan con una protección jurídica mucho menor al no disponer de las mismas garantías que los arrendamientos de vivienda habitual. Además, cada vez son más los estudiantes que necesitan compaginar trabajo y estudios, por lo que también es necesario reforzar las políticas de conciliación en la universidad».
Medidas prioritarias: colaboración público-privada, becas y regulación
Para ampliar las opciones de alojamiento y aliviar la carga económica que soportan los estudiantes y sus familias, los portavoces de las instituciones consultadas proponen combinar el incremento de plazas asequibles mediante la cooperación institucional con una mejora de las ayudas públicas y del marco normativo. Desde la CRUE, Julián Garde López-Brea apunta a medidas como la rehabilitación de los colegios mayores públicos, la firma de convenios con residencias para incluir cuotas sociales y la continuidad de iniciativas públicas como el compromiso de 45 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para impulsar alojamientos asequibles mediante la cesión de suelo dotacional:
“La colaboración público-privada, mediante fórmulas en las que comunidades autónomas, ayuntamientos o universidades aporten suelo dotacional para la construcción de residencias con alquileres sociales, constituye un primer e importante paso para resolver este problema. La disposición de esas viviendas persigue un doble objetivo: primero, facilitar la movilidad de los estudiantes y que nadie tenga que renunciar a su proyección académica por falta de vivienda; segundo, liberar para uso residencial las viviendas de la ciudad en las que se ubiquen los centros universitarios”.
Marta Gómez Martín, de la CREUP, reclama actuar simultáneamente sobre la financiación de los estudios y sobre la seguridad jurídica del mercado de alquiler por habitaciones:
«Es imprescindible reducir los precios públicos universitarios y ampliar las cuantías de las becas para que cubran realmente el coste de oportunidad de estudiar, haciendo hincapié en las cuantías destinadas a vivienda. En materia de vivienda, consideramos necesaria una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos o una legislación específica que aporte garantías jurídicas a los alquileres por habitaciones, así como avanzar en la regulación de sus precios, además de aumentar la oferta pública de alojamiento universitario».
Por su parte, Marta Sánchez de AREDE destaca la importancia de la colaboración público-privada para abordar la escasez del alojamiento universitario:
“No hay un problema de inversión, y eso ya es una muy buena noticia: hay mucha gente que quiere poner dinero, esfuerzo y profesionalidad para solucionar esta situación. Tenemos que ser capaces de dar el servicio, de cubrir ese gap de camas en muchos niveles distintos de precio. Hay mucha demanda en la parte más asequible y para eso la colaboración con las universidades, con los gobiernos y con las administraciones locales es fundamental. Además, hay mucho suelo y mucho edificio sin utilizar, y ahí hay que hacer un esfuerzo entre todos y encontrar la manera de agilizar o acelerar aún más este crecimiento”.
Los portavoces, desde sus respectivas perspectivas de gobernanza universitaria, representación estudiantil y gestión residencial, coinciden en que facilitar el acceso a un alojamiento asequible para los estudiantes de educación superior es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y reforzar el papel de la universidad como motor de cohesión social.
Para ampliar la información sobre la situación socio económica del estudiantado de educación superior y su comparativa con la de países europeos, se puede consultar la publicación: La situación socioeconómica del estudiantado de educación superior en España: una comparación europea.
La situación socioeconómica del estudiantado superior